⌚️ Primer escándalo político del año: Las pulseras antimaltrato

Además: los veinteañeros no se van de casa, el misterio de la vaca + un cadáver en Asturias, y.. ¿queda algún político sin un familiar que vaya al banquillo?

Madrid | Número 4

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Regresa la política del escándalo

⛔️ El ministerio de Igualdad se lía con las pulseras antimaltrato y crecen las críticas

El famoso sistema español de pulseras electrónicas para maltratadores —el que debía proteger a mujeres de ex parejas violentas y agresores sexuales— no parece ser tan milagroso como lo pintan. Una cascada de fallos sugiere que el dispositivo no es tan infalible como proclama el Gobierno, lo cual ha generado una pregunta incómoda: ¿de verdad miles de mujeres estaban tan seguras como se prometía?

• Las grietas. El escándalo estalló la semana pasada, cuando la Fiscalía General incluyó en su informe anual lo que denominó un pequeño fallo técnico. En realidad, fue un apagón de ocho meses: entre finales de 2023 y marzo de 2024, los juzgados se quedaron sin acceso al histórico de geolocalización que mostraba si los agresores habían incumplido sus órdenes de alejamiento.

El follón surgió durante el traspaso de la gestión de Cometa, el servicio central de control de las pulseras, de Telefónica (subcontratado a Securitas) a Vodafone. En la migración de datos, los registros pasados quedaron inaccesibles. Traducción: los jueces no podían comprobar si un agresor había violado los límites impuestos. Un desastre para los fiscales, que tuvieron que archivar casos, suspender procedimientos o ver cómo los tipos quedaban libres… al menos de momento.

• Chapuza?. Ya antes del cambio, Igualdad había avisado de que el plan de transición tenía un “diseño deficiente…planificación poco detallada…asignación de recursos deficiente”. Después, los jueces descubrieron el blackout de datos. Para la Fiscalía, el riesgo era obvio: una posible “falta de protección” para las víctimas y un golpe tremendo al sistema judicial. Y lo peor de todo es que aun había más fallos

Cómo deberían funcionar. Estas pulseras, en uso desde 2009, se ponen a hombres con órdenes de alejamiento, condenados o pendientes de juicio. El agresor lleva el dispositivo en tobillo o muñeca mientras que la víctima recibe un móvil especial. Si él hombre se acerca más de lo permitido —normalmente 500 metros— a ella le pita, vibra y parpadea la pantalla, mientras Cometa recibe también el aviso.

• En teoría, es un doble escudo: protección en tiempo real y un registro digital. Los registros del GPS son pruebas clave en juicio, que permiten castigar con multas o cárcel de seis meses a tres años.

• Más de 4.500 hombres llevan pulsera ahora mismo, y más de 21.000 mujeres han estado protegidas en los últimos 15 años. Tal como ha explicado el gobierno: ni una sola mujer ha sido asesinada llevando el dispositivo.

La realidad. Vodafone e Igualdad han admitido que las nuevas pulseras ni siquiera cumplen el contrato. En una reunión de diciembre de 2024, los técnicos reconocieron que no eran impermeables, pese a las especificaciones. ¿Y lo de su “inviolabilidad”? Bueno… tampoco.

• Suma y sigue. Algunas víctimas denunciaron que sus agresores apagaban la pulsera sin problema; una incluso asegura que el suyo lo hizo y entró dos veces en su casa. Y los propios empleados de Cometa avisaron reiteradamente a Igualdad de múltiples fallos.

• Cobertura irregular. En zonas rurales la señal es débil. En pueblos, las mediciones de distancia pueden fallar. Y Cometa no da abasto con el volumen de alertas: los técnicos tienen que filtrar falsos positivos antes de decidir si escalar la situación. En resumen: el cortafuegos contra el abuso está lleno de agujeros.

Tú dices blanco, yo negro. Igualdad insiste en que todo se ha exagerado. La ministra Ana Redondo asegura que el apagón duró solo unos meses, que las pulseras “funcionaron en todo momento” y que ninguna víctima quedó desprotegida. Que el único problema fue en recuperar datos antiguos, solventado por Vodafone en diciembre de 2024.

• Los fiscales no lo ven tan claro. Hablan de casos suspendidos y pruebas perdidas. Y Vodafone tampoco ha negado los problemas respecto a las especificaciones.

Y llegó la política. El PP olió la sangre y se lanzó a degüello. En el Congreso, acusó al Gobierno de abandonar a mujeres vulnerables y tapar un fallo catastrófico. Pidió la dimisión de Redondo.

• ¡Mala ministra! Para el miércoles por la tarde, la oposición ya tenía los votos: 170–162, con 16 abstenciones de ERC y Junts —dos socios teóricos del PSOE— para censurarla. Otro recordatorio de que la coalición de Sánchez es frágil incluso con sus “amigos”.

• ¿Renunció Redondo? Qué va. (En España no dimite nadie). La votación fue puramente simbólica.

Por qué importa. Para las víctimas, las pulseras eran un seguro. Para el Gobierno, una elemento estrella. Ahora, ambos están en entredicho.

• Aquí no ha pasado nada. El Gobierno presume de que ninguna mujer ha muerto dentro del programa. Puede que sea cierto. Pero estar viva no siempre es lo mismo que estar a salvo.

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💬 Cinco temas para debatir con amigos

1. 🥊 Todo el mundo al banquillo

¡Juicio para todos! La pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se va a sentar en el banquillo. El lunes, un juez decidió que Alberto González Amador será procesado por fraude fiscal, falsificación documental, delitos contables y pertenencia a organización criminal. 😱

• Recap. En 2023 Amador fue acusado de fraude fiscal y falsificación. Hacienda asegura que defraudó más de €350.000 en 2020–21 usando 15 facturas falsas para rebajar su factura con el fisco. Con la cárcel en el horizonte, intentó pactar.

• “Sociedades pantalla”: nunca es buena señal. Amador, que se forró como intermediario en ventas de material sanitario durante la pandemia, supuestamente montó sociedades fantasma para inventar gastos y así maquillar beneficios.

• Pena de telediario. La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel y multas, mientras que Más Madrid y el PSOE —que presentaron acusaciones paralelas— reclaman hasta cinco.

Ayuso contraataca. Tras un día de silencio, la lideresa salió con todo. Acusó al Gobierno de Sánchez de mover los tiempos del caso para tapar la noticias sobre su propia familia (ver más abajo).