🌹 El #MeToo del PSOE
Además: elecciones (bueno, un par), la conexión España-Epstein y un escándalo de corrupción sacude a Vox.
Madrid | Número 16
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Pesadilla antes de Navidad
🚨 El #MeToo del PSOE desata una crisis de identidad total en el partido
El PSOE, el partido socialista que gobierna España, está en serio problemas. ¿Se acuerdan de que la semana pasada mencionamos que varias personas acusaban a Paco Salazar (figura histórica del partido y exasesor de alto nivel de Pedro Sánchez) de acosar sexualmente a mujeres que trabajaban para él? Pues resulta que eso era solo la punta del iceberg.
El caso se ha expandido en múltiples denuncias, dimisiones, furia interna y advertencias —por parte incluso de aliados del Gobierno— de que la legislatura se está yendo directamente al garete.
¿Qué está pasando (y por qué es tan tóxico)? Esto no es otro escándalo más. Es una crisis espiritual para un partido que ha construido su identidad política alrededor de los derechos de las mujeres y que ahora es acusado de haber fallado a las mujeres dentro de casa. Todo esto, además, con Sánchez ya debilitado por titulares sobre corrupción y con un apoyo parlamentario más bien complicado.
La oposición huele sangre en el agua. Y más aún cuando algunos socios del PSOE empiezan a decir en voz alta que mantener al Gobierno en pie se ve complicado.
Efecto dominó. Cuando estalló el escándalo Salazar, el PSOE reconoció “errores”, pidió perdón a las víctimas e insistió en su política de “tolerancia cero”. Pero dentro del partido muchos sintieron que la reacción de la cúpula fue lenta, defensiva y demasiado centrada en el control de daños.
Y peor aún. No solo eso, sino que el caso abrió la compuerta a una avalancha de acusaciones similares que afectan a otros dirigentes del partido, que aparentemente también se portaban mal… y ante los que nadie hacía nada.
¿Quién está en la lista? Los nombres vinculados a la onda expansiva del #YoTambién incluyen:
Francisco “Paco” Salazar (asesor de Sánchez) dejó sus cargos tras las acusaciones; el PSOE calificó su conducta como una infracción muy grave.
Antonio Hernández (colaborador estrecho de Salazar) fue apartado en medio de señalamientos de que podría haber facilitado y/o encubierto lo que estaba ocurriendo.
Antonio Navarro (líder del PSOE en Torremolinos y concejal) acabó en un caso que llegó a la Fiscalía después de que la denunciante considerara insuficiente la respuesta del partido.
José Tomé (dirección provincial en Monforte de Lemos/Lugo) dimitió de uno de sus cargos pero trató de conservar otros, alimentando la sensación de que el PSOE practica mano dura en el discurso, con consecuencias desiguales en la práctica.
Javier Izquierdo (dirección federal/senador) renunció tras un informe que apuntaba a una posible denuncia por acoso.
Toni González (alcalde de Almussafes y número dos del PSPV en la provincia de Valencia) dimitió de sus cargos orgánicos tras una investigación interna, pero no dejó inmediatamente la alcaldía, prolongando el goteo del escándalo.
Francisco Luis Fernández Rodríguez (alcalde de Belalcázar) dimitió tras acusaciones relacionadas con mensajes de acoso.
Respuesta oficial. La postura pública del PSOE ha sido pedir disculpas a las presuntas víctimas, prometer procesos internos más duros, negar un encubrimiento e insistir en que el partido está actuando con contundencia y transparencia. Sánchez intentó enmarcarlo así: ser feminista no te hace infalible, pero sí te obliga a actuar con decisión.
Pero los aliados no están contentos. El verdadero peligro para Sánchez no viene solo de los ataques de la derecha, sino también de que sus socios y aliados parlamentarios estén perdiendo la paciencia en público.
Yolanda Díaz, de la coalición de izquierdas Sumar, pidió una reestructuración profunda del Gobierno, dejando claro que los retoques cosméticos no sirven.
Gabriel Rufián, de ERC, fue directo a la yugular — criticó la gestión de las denuncias internas y exigió protección real para las mujeres que denuncian.
Aitor Esteban, del PNV, lanzó incluso una advertencia que ya no suena solo retórica: cierren la “hemorragia” o plantéense elecciones.
Y habla la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha perdido tiempo y está usando el escándalo como prueba de una podredumbre “estructural”, metiendo el acoso y la corrupción en un mismo relato de “Sánchez debe irse”.
Santiago Abascal, de Vox, hace lo que Vox siempre hace: calificar al PSOE como un peligro para las mujeres mientras devuelve el debate a la guerra cultural alrededor de la fallida ley del “solo sí es sí”. (Nota al margen: esta misma mañana dimitió el responsable de redes sociales de Vox tras ser acusado de acosar sexualmente a un menor).
¿Qué significa esto para el partido? Incluso si el PSOE logra contener la crisis internamente, el daño político a la marca permanece, porque llega encima de controversias feministas anteriores que ya habían erosionado su credibilidad, incluida la reacción contra la ley del “solo sí es sí”.
Y hay más. Si se suma la ansiedad pública sobre los sistemas de protección —como los problemas persistentes con las pulseras de control para maltratadores y la duda de si el Estado está protegiendo de verdad a las víctimas— el mensaje de “nosotros somos el escudo” se vuelve cada vez más difícil de vender.
El PSOE intenta sobrevivir pidiendo perdón, prometiendo cambios y apartando a los implicados. Pero el problema es que la historia ya no parece la de unos cuantos casos aislados, sino la de un partido que no escuchó — hasta que no tuvo más remedio.
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1. 🚐 Sánchez anuncia un abono de transporte (que quizá no te lleve muy lejos)
Pedro Sánchez hizo un gran anuncio en su balance político de fin de año el lunes. A saber: el Gobierno lanzará un abono único de transporte válido en todo el país, tanto para tren como para autobús, por el módico precio de €60 al mes para los adultos y €30 al mes para la juventud.
Suena fantástico. Pero decir que el abono no es exactamente lo que parece sería quedarse muy corto. De hecho, casi cuesta menos enumerar dónde sí se podrá usar que dónde no. Pero antes de entrar en eso, vamos con la idea.
La inspiración es el Deutschlandticket. Se trata del abono nacional alemán, que por €58 al mes (subirá a €63 a partir del 1 de enero de 2026) permite viajar en todo el transporte público local y regional —pero no en trenes ni autobuses de larga distancia.
El Deutschlandticket necesita subvenciones. El Gobierno central y los gobiernos regionales aportan €1.500 millones cada uno (€3.000 millones en total) para sostener el sistema. Y aun así no ha sido suficiente, de ahí las subidas del precio (de €49 a €58 y ahora a €63).
La versión española. El abono que anunció Sánchez no es nuevo. Ya lo había planteado en enero el ministro de Transportes, Óscar Puente (y gran derrochador en producciones de pódcast, pero esa es otra historia), con más o menos los mismos parámetros que los anunciados ahora por Sánchez.
Tenemos dudas. En aquel momento, las comunidades autónomas —especialmente Madrid, que concentra el mayor número de usuarios de transporte público— expresaron, ejem, sus reservas. ¿Las preguntas clave? Quién paga las mejoras y el aumento de servicios, y quién gestiona el sistema, teniendo en cuenta que la mayoría del transporte es la competencia de gobiernos autonómicos y locales.
¿Dónde nos deja eso ahora? Todo indica que Sánchez hizo el anuncio del lunes sin haber cerrado un acuerdo con gobiernos autonómicos o municipales —aunque dijo que “esperaba” que se sumaran—. Así que cuando el abono se ponga en marcha a mediados de enero, solo será válido en el transporte controlado por el Estado: Cercanías, media distancia de Renfe (no alta velocidad) y autobuses estatales. Es decir: ni metro ni autobuses urbanos o autonómicos.
Desconfianza mutua. No hay precisamente mucho amor entre el Gobierno central PSOE/Sumar y las comunidades gobernadas por el PP (la mayoría en España). Eso sugiere que puede que algunas comunidades del PSOE o afines se apunten, pero incluso ellas podrían pensárselo dos veces si el Gobierno no pone dinero real sobre la mesa. Y viendo la estrategia reciente del PP, tampoco sería raro que optaran por esperar después de las elecciones generales. (Madrid, además, ha dicho que sumarse encarecería el transporte en la región).
De momento, el alcance del abono puede ser bastante limitado. Aun así, una tarjeta nacional de transporte probablemente sea el futuro, así que la idea no es mala. Pero quizá habría sido mejor diseñarla para que funcionara de verdad y no solo como herramienta de campaña, ¿no?
2. 🛖 España sacude a Airbnb con una multa de €64 millones (‼️)
La guerra del Gobierno español contra la vivienda inasequible no ha servido de mucho para aumentar la oferta, reducir la demanda ni bajar los precios. Pero lo que sí ha hecho —y muy bien— es darle de palos a la piñata llamada Airbnb. ¿El ejemplo de esta semana? La multa de €64 millones que acaba de imponerle el Ministerio de Consumo a la plataforma.
Un poco de historia. En octubre de 2024, el Ministerio avisó a Airbnb de que tenía unas 65.000 viviendas anunciadas sin número de licencia obligatorio. Airbnb no hizo nada, así que Consumo empezó a imponer sanciones. Airbnb recurrió, tanto ante el propio Ministerio como ante los tribunales. Los jueces fallaron dos veces en su contra y, tras una de esas sentencias, el Ministerio volvió a ordenar que se retiraran los anuncios. En julio, Airbnb finalmente los retiró.
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